Ha muerto el poder judicial ¡Viva el nuevo Órgano!

Una incógnita con mayúscula entraña la posesión de los nuevos magistrados y administradores de la justicia nacional. Tienen en su haber el ser electos por voto directo, y por lo tanto no deberían estar comprometidos ni con mayorías políticas ocasionales ni con planes hegemónicos de otros operadores del estado. Si deben el favor de haber figurado en las listas de elecciones a las actuales mayorías políticas, no es menos cierto que ese tutelaje termina cuando sean posesionados. Para entender lo que viene en este 2012 miremos hacia atrás, pues es pertinente revisar lo que fue el Poder Judicial, fenecido desde este 31 de diciembre de 2011, y ver si existen los elementos de un cambio en favor del país.
Bolivia, a diferencia de otras naciones sudamericanas, tiene como antecedente a su origen republicano la actividad de la Audiencia de Charcas, lo que le dota de una tradición legal, legalista y a la vez leguleyesca que no es compartida por los demás países latinoamericanos.
Es innegable la influencia de los doctores de Charcas o La Plata en la creación de la nación boliviana, con todos sus aspectos positivos como negativos. Entre éstos últimos, está en hacer creer al resto de la población que el hombre es producto de las leyes.
De allí que las reformas nacionales, sobre cualquier punto, descansen en las normatividad. Si soy revolucionario, derogaré el cuerpo de leyes anterior y haré otro, de donde nacerá el hombre nuevo. Este esquema se viene repitiendo desde la fundación de la república. Se trata de un grave error de percepción, que nace de la veneración por la palabra escrita que tiene el boliviano y que hace de él un cultor no del derecho ni de la justicia, sino del texto, de la norma escrita y muchas veces de la manera de burlar esa norma.
La respuesta que la sabiduría popular dio a estos afanes, fue más pronta que la doctoral, y se traduce en la afirmación que hecha la ley, hecha la trampa.
Y de esa manera se han visto las reformas legales a lo largo de la historia del país, incluyendo esta ultima refundación del país, como esfuerzos loables, pero muchas veces ingenuos. Hay algunas verdades de Perogrullo, que los revolucionarios, transformadores y políticos en general olvidan, pues preteren al hombre en beneficio de la ley. Veamos algunas: Sea la ley que sea, el juez mal pagado inclinará la balanza en favor del que le alivie la penuria económica. Si bien el país es pobre, y grandes sectores de población lo son, no es menos cierto que existen sectores de clase media y clase media alta con ingresos expectables. El resto de latinoamericana, al menos nuestros vecinos, conocedores de esta verdad, pagan a sus juzgadores salarios altos. Si a un buen sueldo se une permanencia garantizada más allá de los vientos políticos, tan variables en nuestro país, el ser juez será una aspiración de muchos y entre ellos habrá buenos profesionales. Hoy el fenómeno es todo lo contrario.
El país no se puede darse el lujo de jueces mal pagados, pues la corrupción campeará ante esta situación, sin importar el texto de la ley o la pena que se anuncie en castigo.
El tiempo de un administrador de justicia no es infinito, pero los litigios suman y entierran a los juzgadores en una mar de papel que hace imposible la celeridad de la justicia. La solución, no es el cambio de la legislación procedimental. El problema es simple, a mayor carga laboral, la sociedad debe responder con más jueces y mayor capacitación.
Se critica que la justicia no es gratuita y que debería serlo, a ultranza. Otro error de desconocimiento del ser humano. Los sectores populares-mestizos de la ciudad, son de profundo carácter litigante casi pleitómanos, y ese defecto se traduce en cientos de causas penales por agresiones y delitos similares, que no deberían jamás llegar a tribunales ordinarios, debiendo ser concluidos en esferas policiales.
El hecho de tener que pagar por el servicio legal, sobre todo en materia civil, comercial, tributaria y minera, impide que los procesos se multipliquen como conejos. Diferente es que el estado tome medidas en materia penal, social y familiar para resolver causas atingentes a estos campos, los que perfectamente pueden estar en sus etapas previas fuera del ámbito jurisdiccional ordinario.
Dando por sentado, que si el ser humano no cambia, las leyes, de la manera en que estuviesen redactadas, tampoco lo cambiarán, vemos que invertir en reformas de los procedimientos es desde ya una mala inversión, la que se torna en pésima cuando se encarga estos cambios a quienes no tienen idea del modo de ser del boliviano y de los tribunales.
Un ejemplo del fracaso es la reforma penal, que no resolvió nada para lo que fue pensada. Otro ejemplo del error, es la pretendida reforma actual en los procesos civiles comerciales, ya declarada en la ley del órgano judicial. Mientras el resto del mundo reemplaza el expediente de papel por uno electrónico a prueba de robos y triquiñuelas, algunos políticos bolivianos tienen la loca idea de obligar a los litigantes y a los abogados a procesos civiles y comerciales orales. Mientras en todo el mundo se despersonaliza la relación abogado/Juez, en Bolivia se quiere que los litigantes ante de poder recurrir a la justicia, vayan donde un conciliador, creando nuevas condiciones para la demora en los procesos. Se cree ingenuamente que se cambiará la mentalidad de los habitantes de este territorio cambiando el nombre de los juzgados.
La idea de cambio no tiene porqué se buena en si misma. Primero se debe conocer como funcionan las cosas, ver porqué no funcionan como se quiere y ahí modificar lo que esté mal. Pretender borrones y cuentas nuevas una y otra vez es un grave error, que terminará en fracaso.
Ante estas nuevas autoridades, es pertinente hacer estas reflexiones y parar en el camino al despeñadero, por mucho que sea consejo de algún asesor, que de seguro jamás en su vida ha litigado en Bolivia. No hacerlo es de suma peligrosidad para todos, no solo para el actual gobierno.

EL NUEVO PODER JUDICIAL, UN PLAZO QUE SE CUMPLE

No hay término que no llegue ni plazo que no se cumpla decía mi abuela, y eso es aplicable a esta hora especial, donde la justicia boliviana verá una realidad, impensada para muchos: jueces electos.
Los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal constitucional, son eso: jueces por decisión de la votación. Como nuestro país fue y sigue siendo un lugar donde medra la envidia, son muchos que se quejan internamente por no ser los electos, renegando de la ceguera de los electores, que no supieron ver sus dotes que para ellos son tan evidentes. Estas quejas los llevan a pronosticar el fracaso de los que vienen. Otros, los que optaron por perjudicar su voto, se dan cuenta que dejaron pasar el tren de la historia y que no hicieron uso de ese derecho básico, el de elegir.
Pero para ambos, envidiosos y engañados, la historia continúa y en breve será el momento inédito en que los jueces electos tomarán las riendas de la conducción del poder judicial en Bolivia.
¿Quién no recuerda las épocas dictatoriales, donde los fallos tenían censores con jinetas, o los muchos dedazos que encumbraron a venales operadores jurídicos a dar la última palabra en materia judicial?.
Paralelamente, el Tribunal constitucional, convertido en guardián del estado de derecho, nos mostró un nacimiento marcado por una gran estrella de calidad y sabiduría, la que fue declinando poco a poco, hasta caer en el sometimiento al interés político. Pero, nuevamente tiene una oportunidad de recuperar logros. Los que se van, han tratado de dejar tras su partida ninguna huella de lo hecho, bueno o malo. De allí que los magistrados y Tribunos que entren encontrarán en muchos casos, que los equipos computacionales han sido puestos en blanco, tal vez para tapar trapacerías, tal vez por un acto de egoísmo, o tal vez por una conciencia histórica de que desde aquí es borrón y cuenta nueva, en esto de la justicia nacional.
Me tocó presenciar días atrás en una de las oficinas del Consejo de la Judicatura, un afán inusitado por la destrucción de documentos. Supongo que se trataría de papeles inútiles, que sólo harían perder el tiempo a los nuevos Consejeros y que los actuales y sus empleados, llevados por ese afán noble de entregar la casa limpia se apresuraban en destruir. No puede cruzar por mi mente la idea que hubiesen émulos de la EXXON, que trataran de ocultar obscuras maniobras, destruyendo la prueba. Si ha cruzado tal idea por su mente, descártela.
Muchos rasgan sus vestiduras diciendo que el poder judicial elegido es un nuevo brazo del gobierno de turno. Después de años de proximidad con el poder judicial, para nadie es misterio que antes, más que ahora, la dependencia política marcaba el tenor y el contenido de las sentencias. En cambio, esta es la primera vez que el voto directo de la población llevará a hombres y mujeres a desempeñar los más altos niveles de la judicatura. No fueron designados por asamblea política alguna. No le deben el cargo a nadie. No pretendemos hacer creer que el gobierno no trató de meter sus manitas en este tema. Fue en ese objetivo que variados delfines recorrieron el país antes de la elección, reuniéndose con gobernadores, comandos conjuntos, vocales de Corte Superior, a los que dijeron «somos los elegidos», exigiendo que grupos políticos, fuerzas armadas, grupos sociales, votasen por quienes tenían puesta la camiseta azul y que eran tan leales como para merecer el visto bueno de las autoridades del poder central.
Pero, en ese pequeña habitación, que puede ser un aula, o un espacio cualquiera, los votantes dispuestos a elegir, eligieron, y los delfines se vieron que pese al mandato y la seriedad de la recomendación, al ser el voto secreto, se les frustraron sus afanes de seguir siendo sirvientes, y quedaron fuera.
Se ha cumplido el plazo y hay una realidad que será historia: un nuevo poder judicial. Es evidente que nadie puede cambiar al ser humano y en breve los nuevos adalides de la justicia boliviana, tendrán su circulo palaciego, tanto para los temas políticos como para los demás que son la mayoría y que le interesan al ciudadano común. El criterio que asuman en esa situación determinará su gloria o su condena. Nunca hubo jueces que no deban a nadie su investidura, y esta es la primera vez que la credencial más válida, es haber sido electos.
No hay quien, que tenga un poco de criterio, que no reconozca que este nuevo poder judicial debe ser una esperanza por un futuro mejor para litigantes, para los que claman justicia, para los que tienen temas pendientes en la aplicación de la ley.
Ya llegará el momento de pedir cuentas y ver si esta esperanza se ha cristalizado en un mejor actuar o de pedir la cabeza de los próximamente posesionados. Ese también es un plazo que no dejará de cumplirse, como decía mi abuela.

Clases prácticas para burlar la ley del trabajo

por Guillermo Torres López

Para los lectores no les es ajena la afirmación que el derecho laboral está pensado para favorecer a los trabajadores. Esta verdad de perogrullo siempre fue enfrentada por los empresarios, como una muralla a sus utilidades y por lo tanto no ha sido raro el buscar las mil y una maneras de evitar cumplir con la ley del trabajo y por ende no reconocer los derechos de sus empleados.
Si bien la conducta puede ser de poca claridad ética, no es extraño que los jurisperitos reciban jugosas sumas por imaginar las mil y una formas de burlar la ley, actividad que no pretendemos juzgar en esta nota.
Frente a esta disputa, el Estado (va con mayúscula sólo por costumbre) como expresión supuesta de las mayorías tratará de proteger a los trabajadores frente a las empresas, entendiendo la debilidad del sector laboral.
De seguro que en el país, con instituciones que agrupan a los asalariados, de tanta fama y trayectoria como la Central Obrera y todas sus departamentales, lo referido anteriormente suena a conocido, y por lo tanto aburrido.
Usted empezó a leer esta nota por saber como burlar las leyes del trabajo, o tal vez para poder, luego de la lectura, rasgar sus vestiduras sobre lo dicho y hecho.
Así que al grano: Una de las maneras de burlar la ley del trabajo es disfrazar la relación de trabajo, ocultarla, negarla, maquillarla, mostrarla de otra manera, en fin, disimularla ante el posible juez que conozca el reclamo.
Cuando la bombilla, foco o ampolleta de luz se prendió en el seso de uno de los avispados abogados de esta nación, apareció el consultor, como respuesta a todos los males que para la empresa son las leyes del trabajo.
Fue una de las primeras maneras perdurable en el tiempo que ha buscado burlar la ley del trabajo, tratando de esconder la relación laboral, para evitar el pago de los beneficios sociales, que cuando uno es trabajador, parecen tan pequeños y que cuando uno es empresario se ven tan desmedidas.
Pero la astucia abogadil no impidió que los Magistrados de la Corte Suprema, por lo visto más avispados y sobre todo anoticiados del fraude, llegado el caso, se rieran en la noticia que un auditor, un ingeniero, un abogado, un dentista o lo que sea, luego de años de falso consultor, no pudiese reclamar esos beneficios sociales, que mostrábamos hace poco, dándoles la razón a los que alegaban haber sido trabajadores con todas las de la ley, pese a los contratos de consultoria.
Con más o menos regularidad, los famosos contratos de falsas auditorías eran castrados en sus pretensiones en las salas de la Suprema, con regocijo para los trabajadores y mala cara para los abogados de las empresas que pretendían la burla. Ahora que en algún caso un contrato de real auditoría era defenestrado por la Suprema y el pobre empresario se veía obligado a pagar el error humano con el dinero de su bolsillo, es evidente que sucedió, pero los casos no fueron abundantes.
Salvada esta parte, que nos pone a buen resguardo a fin de evitar que el lector diga que esta nota es una lata pues esto es conocidísimo por todo y más aún por los leguleyescos lectores de estás páginas, pasamos a la segunda parte, la prometida que provocará el rasgado de las vestiduras de muchos.
Ocurre que ahora el que ha tomado esta política de agresión contra los trabajadores, y trata de ocultar todo trabajo regular tras las falsas faldas de la consultoria es el gobierno!!!
Antes de seguir hiriendo susceptibilidades, el parche: No quiero hacer propaganda contra quien dirige el gobierno actual por lo que ruego a los adláteres de tan feliz gestión abstenerse de verme como rival político, y tratar de dar razones de las sinrazones que cuento. Pasado este bache vamos a los hechos.
El estado boliviano, tal vez con un secreto propósito de dignificar oficios, cuando no profesiones, ha determinado que todo aquel que entra a trabajar para el Fisco o Gobierno (nuevamente la mayúscula es sólo por costumbre) ha determinado que el portero, el chofer el mecánico, la vendedora de comida, todos ellos son consultores!!!!
Si lo duda, vea la página de contrataciones, donde se convoca a consultores para tareas de mensajero, a consultor para las tareas de jardinero, a consultor para las tareas de limpieza, a consultor para las tareas de chofer.
El fin evidente de estas mentiras oficiales es evitar tener que incorporar de manera definitiva a las planillas del estado a toda esa gama de personas que hacen el trabajo real, si bien no administrativo, de dar de comer al hambriento servidor público, llevar al dignatario al sitio de reunión, ir de oficina en oficina entregando los papeles de la burocracia, o podar los pastos de los patios ministeriales o las macetas de las secretarías de estado.
El estado, como organización jurídico política requiere de personas que estén de continuo en esa tarea, donde la práctica hace al maestro, sea maestro albañil, jardinero, o simplemente funcionario para todo propósito como los hay tantos.
El problema es que en cada cambio de conductores gubernamentales, se arrasa con los funcionarios de todo tipo, lo que convierte la carrera funcionaria en un mero paseo, de corta duración, por las dependencias del estado.
Pero volvamos al pecado original, ¿Cómo es posible que el gobierno repita las prácticas que debería combatir? ¿Es que algún abogado de empresas, acostumbrado a estas lides es ahora el nuevo consultor de las políticas legales del gobierno? ¿Esta iniquidad deja de ser tal porque la realiza el estado?
Como ven , las clases prácticas que se relatan para burlar la ley del trabajo, están en todas las páginas de internet sobre contrataciones del estado boliviano y en las gacetas respectivas. Interrumpo estas disquisiciones, pues debo llenar el formulario para postularme a ser consultor, en alguna parte, en alguna oficina, llorando porque no tendré seguridad laboral si lo logro, y no me molesta que usted diga «a llorar al río».

JUECES Y PORTEROS, LA DEMAGOGIA DEL FALSO AHORRO

por Guillermo Torres López

Dentro del método de asignar competencias a los diversos órganos con jurisdicción en el país, la cuantía es una forma de diferenciar quien conoce determinadas materias civiles y comerciales.
Este criterio permite que sólo determinados jueces puedan resolver asuntos donde los monto son elevados.
A ellos se les denomina jueces de partido, denominación que en otros países es Juez de Letras de Mayor Cuantía y que tiene sus orígenes desde que éramos parte de la corona de España. Los jueces de mayor cuantía o como se les llama en el país, los jueces de partido, conocen litigios que exceden los 80 mil bolivianos en adelante.
Es dable suponer que un Juez de Partido es una autoridad en su materia técnica y que además está dotado de probidad. Esta suposición es muy real en la mayoría de los casos.
La pregunta de siempre es cuanto debe de pagar la sociedad por ese servicio.
El hecho de ser parte esencial para la resolución de un litigio donde los montos en pugna son elevados, obliga a que quien deba decidir la controversia, el Juez, goce de un ingreso mensual que le haga vacilar ante la tentación de recibir una jugosa coima, versus la posibilidad de perder su trabajo y fuente de ingresos.
Los países responden a esta situación incrementando los beneficios que los jueces tienen en razón de su cargo, ampliando su permanencia en su función salvo destitución a través de proceso, y dándole reconocimiento social.
Un sistema donde el ingreso a la judicatura sea fruto de esfuerzo académico, comportamiento ético, actualización permanente y que esté acompañado de altos salarios, estabilidad laboral y los beneficios propios del cargo de toda índole, permiten crear un ambiente de seguridad jurídica. En muchos países la culminación de la vida de un abogado de litigio es pasar a ser Juez o magistrado. En cambio, un país donde el ingreso a la judicatura sea la respuesta a no tener trabajo, donde los sueldos sean bajos, y donde las designaciones estén amañadas, es de seguro la receta perfecta para un poder judicial sometido, para la subasta de los fallos y para la inseguridad jurídica.
Es innegable que Bolivia a dedicado tiempo y recursos para lograr un poder judicial de mayor calidad, eficiencia y honestidad, donde se destaca la formación académica que se viene brindando a los futuros jueces en la ciudad de Sucre. Salvo los periódicos intentos de asaltar el poder judicial –fruto de la actividad de políticos-, existe una mejora evidente, que se hizo patente incluso en los enfrentamientos entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, beneficiando de sobremanera a la sociedad civil.
En el diario vivir, donde la locomoción de los hijos y el cónyuge tienen un costo. Dónde el terno y la corbata de los jueces tiene un precio y donde el día a día de un juzgador le reclama ingresos para un buen pasar, un sueldo bajo es la invitación a la corrupción.
De nada sirve el discurso ante la innegable necesidad de ingresos honestos para enfrentar el costo de vivir. Una opción que debe ser tomada por el país es si se sacrifica lo avanzado en el desarrollo del poder judicial y se opta por la reducción de los salarios de los jueces y magistrados del poder judicial. Si usted alega que el que es honesto lo es a todo trance, quiere decir o que viene del espacio exterior o que desconoce la naturaleza humana.
Mal negocio para el país es el pretender reducir el ingreso que por salarios reciben de sus jueces. Representa un caminar para atrás sin sentido y sólo en un afán demagógico.
A quienes alegan que el portero de un juzgado gana 100 veces menos que un Ministro de la Corte Suprema bastaría con responderles que un pleito de cientos de millones de dólares no se entrega para ser solucionado al portero, pero si al magistrado. En toda sociedad, antes y ahora, quien tiene más responsabilidad gana más. Quien se tecnifica, tiene más ingresos.
La pretensión que los técnicos tengan ingresos similares a quienes detentan cargos políticos es una manera de devaluar la educación, su motivación y sus resultados. Es perfectamente lógico reducir los montos y porque no, el número de quienes viven de la política. Pero pretender extender esta idea al resto de las funcionesdel estado es un grave error. Baste recordar la fácil corrupción de un funcionario cuando el sueldo de éste es de hambre.
No mejorará Bolivia con esta pretendida igualdad hacia abajo. Es pertinente acusar la estupidez del falso ahorro del estado nacional en detrimento de la construcción de un estado mejor y más sano. No hacerlo así, es ceguera interesada y representa la destrucción de lo poco que se ha mejorado.
(*) El Autor es abogado, en ejercicio libre y no
fue ni es parte del poder judicial.