JUECES Y PORTEROS, LA DEMAGOGIA DEL FALSO AHORRO

por Guillermo Torres López

Dentro del método de asignar competencias a los diversos órganos con jurisdicción en el país, la cuantía es una forma de diferenciar quien conoce determinadas materias civiles y comerciales.
Este criterio permite que sólo determinados jueces puedan resolver asuntos donde los monto son elevados.
A ellos se les denomina jueces de partido, denominación que en otros países es Juez de Letras de Mayor Cuantía y que tiene sus orígenes desde que éramos parte de la corona de España. Los jueces de mayor cuantía o como se les llama en el país, los jueces de partido, conocen litigios que exceden los 80 mil bolivianos en adelante.
Es dable suponer que un Juez de Partido es una autoridad en su materia técnica y que además está dotado de probidad. Esta suposición es muy real en la mayoría de los casos.
La pregunta de siempre es cuanto debe de pagar la sociedad por ese servicio.
El hecho de ser parte esencial para la resolución de un litigio donde los montos en pugna son elevados, obliga a que quien deba decidir la controversia, el Juez, goce de un ingreso mensual que le haga vacilar ante la tentación de recibir una jugosa coima, versus la posibilidad de perder su trabajo y fuente de ingresos.
Los países responden a esta situación incrementando los beneficios que los jueces tienen en razón de su cargo, ampliando su permanencia en su función salvo destitución a través de proceso, y dándole reconocimiento social.
Un sistema donde el ingreso a la judicatura sea fruto de esfuerzo académico, comportamiento ético, actualización permanente y que esté acompañado de altos salarios, estabilidad laboral y los beneficios propios del cargo de toda índole, permiten crear un ambiente de seguridad jurídica. En muchos países la culminación de la vida de un abogado de litigio es pasar a ser Juez o magistrado. En cambio, un país donde el ingreso a la judicatura sea la respuesta a no tener trabajo, donde los sueldos sean bajos, y donde las designaciones estén amañadas, es de seguro la receta perfecta para un poder judicial sometido, para la subasta de los fallos y para la inseguridad jurídica.
Es innegable que Bolivia a dedicado tiempo y recursos para lograr un poder judicial de mayor calidad, eficiencia y honestidad, donde se destaca la formación académica que se viene brindando a los futuros jueces en la ciudad de Sucre. Salvo los periódicos intentos de asaltar el poder judicial –fruto de la actividad de políticos-, existe una mejora evidente, que se hizo patente incluso en los enfrentamientos entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, beneficiando de sobremanera a la sociedad civil.
En el diario vivir, donde la locomoción de los hijos y el cónyuge tienen un costo. Dónde el terno y la corbata de los jueces tiene un precio y donde el día a día de un juzgador le reclama ingresos para un buen pasar, un sueldo bajo es la invitación a la corrupción.
De nada sirve el discurso ante la innegable necesidad de ingresos honestos para enfrentar el costo de vivir. Una opción que debe ser tomada por el país es si se sacrifica lo avanzado en el desarrollo del poder judicial y se opta por la reducción de los salarios de los jueces y magistrados del poder judicial. Si usted alega que el que es honesto lo es a todo trance, quiere decir o que viene del espacio exterior o que desconoce la naturaleza humana.
Mal negocio para el país es el pretender reducir el ingreso que por salarios reciben de sus jueces. Representa un caminar para atrás sin sentido y sólo en un afán demagógico.
A quienes alegan que el portero de un juzgado gana 100 veces menos que un Ministro de la Corte Suprema bastaría con responderles que un pleito de cientos de millones de dólares no se entrega para ser solucionado al portero, pero si al magistrado. En toda sociedad, antes y ahora, quien tiene más responsabilidad gana más. Quien se tecnifica, tiene más ingresos.
La pretensión que los técnicos tengan ingresos similares a quienes detentan cargos políticos es una manera de devaluar la educación, su motivación y sus resultados. Es perfectamente lógico reducir los montos y porque no, el número de quienes viven de la política. Pero pretender extender esta idea al resto de las funcionesdel estado es un grave error. Baste recordar la fácil corrupción de un funcionario cuando el sueldo de éste es de hambre.
No mejorará Bolivia con esta pretendida igualdad hacia abajo. Es pertinente acusar la estupidez del falso ahorro del estado nacional en detrimento de la construcción de un estado mejor y más sano. No hacerlo así, es ceguera interesada y representa la destrucción de lo poco que se ha mejorado.
(*) El Autor es abogado, en ejercicio libre y no
fue ni es parte del poder judicial.